Uno de los más graves problemas que presenta la difícil situación que comporta la profunda crisis económica en que nos hallamos es que prácticamente no hay flujos de crédito desde las instituciones financieras hacia los particulares, en especial las pequeñas y medianas empresas, de las cuales depende en gran medida la creación de puestos de trabajo.
Las aportaciones y avales prestados desde el Estado español e instituciones europeas a la banca no han servido para que el crédito fluya en el sentido indicado, toda vez que tales inyecciones financieras se han quedado en el seno de las cajas y bancos que las han recibido para sanear con ellas sus respectivas situaciones en cuanto a liquidez y solvencia.
El comportamiento del sistema financiero en su conjunto hace que la ciudadanía, con toda razón, sitúe en él una de las principales causas de la crisis que padecemos, con sus terribles consecuencias sociales, especialmente el paro que en nuestro país afecta a millones de personas. Esa percepción ve confirmado su diagnóstico al comprobar una y otra vez que las ayudas públicas a la banca acaba siendo una vía para la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios.
La reciente inyección de casi 40.000 millones de euros a la banca privada –con casi la mitad destinados a Bankia-, como préstamos provenientes del BCE y canalizados a través del FROB, pero asumidos por el Estado como deuda pública, hacen que muchas instituciones están “nacionalizadas”. Singularmente cercano a nosotros es el caso del BMN, donde se integra Caja Granada, que habiendo recibido unos 400 millones de euros llevará la participación del Estado en torno al 60%. Tales circunstancias son las que, en general, constituyen un “rescate bancario” que tiene sus “condicionalidades”, entre ellas fuertes ajustes de plantillas con miles de trabajadoras y trabajadores puestos en la calle.
Ante ese panorama, los gobiernos y administraciones públicas del Estado español no puede permanecer con una actitud pasiva o, lo que es peor, dedicándose a velar por los intereses de la banca por encima de los derechos de la ciudadanía, como estamos viendo que hace el gobierno de España presidido por Mariano Rajoy.
A diferencia de las políticas aplicadas por la derecha, hacen falta otras políticas, especialmente las orientadas al estímulo del crecimiento, a la promoción activa del empleo y a la activación de la demanda. Para ello hay que actuar políticamente en dirección distinta a la que ahora mismo es dominante, la cual se muestra ineficaz para salir de la crisis. Una de las piezas que precisamente puede ser eficaz para generar esa política alternativa, que además contribuya desde la economía a afrontar solidariamente los problemas sociales, es la que representa la posibilidad de que instituciones financieras públicas –a las que de manera genérica nos referimos al hablar de “banca pública”- activen el crédito de forma decidida y operativa.
En consecuencia, desde este Comité de la Agrupación Provincial del PSOE-A de Granada abogamos por impulsar una banca pública que, como banca de inversión, active los mecanismos para que pueda fluir el crédito y actuar a favor de los objetivos propuestos de crecimiento, empleo e incremento de la demanda.
Para ello, haremos llegar a las instituciones de la Junta de Andalucía –parlamento y gobierno- la urgencia y necesidad de impulsar cuanto antes el Instituto de Crédito Andaluz, recogiendo así lo que al respecto se planteó en el programa electoral con el que el PSOE-A concurrió a las elecciones y lo que se acordó en el Pacto por Andalucía que dio paso al gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida en nuestra comunidad autónoma.
Igualmente, a través de nuestras diputadas y diputados, senadoras y senadores en las Cortes españolas instaremos al gobierno del Estado a que acometa el impulso del ICO para que también funcione con eficacia en el sentido que esta resolución señala.
*Resolución aprobada el 15 de diciembre de 2012 a propuesta de la corriente de opinión “Izquierda Socialista”
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